“Todavía hay personas que toman agua de pozo, eso es algo que duele mucho y no veo a nadie comprometido con superar la pobreza, eso tiene que ser prioridad”, dice Araceli Ledesma, una referente comunitaria de Buenos Aires, quien día a día observa de cerca las desigualdades en la capital de Argentina.
Este es uno de los 14 testimonios que recoge la consulta regional “Desarrollo Sostenible en Iberoamérica, desafíos y tensiones desde la gobernanza local” realizada entre la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ) y la ONG Techo, adscrita también a la Cooperación Iberoamericana.
Fruto de una alianza entre las tres instituciones, este informe recaba experiencias de participación ciudadana en Argentina, Panamá, Portugal, Guatemala, España, Perú, Venezuela, Haití, Uruguay, Brasil, Colombia y Chile.
Según ONU-Habitat, en América Latina más de 100 millones de personas viven en asentamientos populares.
Araceli visita dos veces por semana uno de ellos para denunciar las condiciones en las que estas personas se ven obligadas a subsistir.
“Antes no sabíamos que teníamos derechos, por eso necesitamos más conocimiento. Si no tenemos conocimiento, te hablan con términos que uno no entiende y el desconocimiento lleva a frustraciones (…) tenemos que estar formados para seguir en la lucha. La lucha así lo demanda”, cuenta.
“Quienes viven en asentamientos populares y quienes forman parte de las juventudes iberoamericanas son agentes de transformación social, no un público receptor de políticas públicas”
Empoderamiento ciudadano
Ledesma es un ejemplo de empoderamiento ciudadano, de cuando la ciudadanía hace su parte para aportar al desarrollo sostenible y, a veces sin saberlo, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que esperan alcanzarse en 2030.
Otro de ellos es la peruana Jessica Huamán, regidora metropolitana de Lima, quien pone de ejemplo la Comisión Ambiental Metropolitana como órgano en el que se pretende fomentar un diálogo entre sectores público y privado para orientar las políticas de medio ambiente de la ciudad.
“Con la activación de la Comisión Ambiental Metropolitana, las instituciones públicas y privadas, los gobiernos locales y la sociedad civil tendrán voz y voto para decidir el rumbo que tomará la Municipalidad de Lima en materia de gestión ambiental”, asegura.
Este ente, formado en febrero de este año por la Alcaldía de Lima, fue implementado con el fin de “involucrar a las y los jóvenes en la participación ciudadana en Lima (…) para contribuir al desarrollo del país”, explica Jessica.
Los desafíos
Ese es, precisamente uno de los retos que señala el informe, la apropiación y participación ciudadana para, en última instancia, cumplir con los ODS conformándose como un actor fuerte y clave que complemente los esfuerzos del sector público y el privado.
“Quienes viven en asentamientos populares y quienes forman parte de las juventudes iberoamericanas son agentes de transformación social, no un público receptor de políticas públicas”, destaca el informe.
Y es que no se trata solo de llegar a 2030 con los deberes hechos, sino de hacerlo de un modo en el que todos hayan puesto de su parte. De otro modo es probable que no se alcancen las metas.
Un mensaje con el que cierra el estudio: “No se trata solo del cumplimiento de las metas y cada uno de sus indicadores, sino que lo más valorado por los actores fundamentales en el terreno es la apropiación y participación de la ciudadanía en la cogestión de los territorios, en el fortalecimiento de las instituciones, la distribución de recursos y el acceso a la información”.
